Organizaciones feministas en Túnez instan a luchar contra los feminicidios

Organizaciones feministas en Túnez han hecho un llamamiento urgente para prevenir los feminicidios y reforzar la protección de las víctimas de violencia machista en el país, donde 69 mujeres han sido asesinadas durante la última década, según estadísticas oficiales.

"La lista de feminicidios sigue creciendo, con los mismos horrores, el mismo salvajismo y el mismo sentimiento entre los verdugos de que tienen poder absoluto sobre los cuerpos y las vidas de sus víctimas", han señalado en un comunicado firmado por Mujeres y Ciudadanía y Aswat Nissa (Voces de Mujeres).

El último asesinato tuvo lugar el pasado sábado 6 de abril cuando Sabrine, una joven de la capital, fue asesinada por su exmarido junto a su madre y su tío en el domicilio familiar pocos días después de haber obtenido el divorcio y a pesar de las numerosas denuncias ante la Policía por amenazas de muerte.

25 asesinadas en 2023

"Sus temores no fueron tomados lo suficientemente en serio", han lamentado las activistas, que han recordado que este nuevo crimen pone de manifiesto "una vez más" las fallas en la aplicación de la ley contra la violencia machista "y la debilidad de las autoridades a la hora de medir el peligro para las víctimas y en tomar las medidas necesarias para protegerlas".

Por ello, pidieron una "rigurosa" tramitación de las solicitudes de protección, la formación de agentes de unidades especializadas de la Policía y magistrados, la publicación regular del informe sobre feminicidios y una estrategia nacional multisectorial para combatir la violencia machista y prevenir el feminicidio conyugal en Túnez.

"También pone de relieve la persistente indiferencia del Estado ante el terrorismo interno y los delitos de posesión, a pesar del alto balance de 2023 en términos de feminicidios (25 mujeres asesinadas) y que, por tanto, se convierte en cómplice de ello", concluye.

Falta de compromiso político

En 2017 el Parlamento aprobó una ley pionera que criminaliza la violencia contra las mujeres en todas sus formas- física, moral, sexual, económica y política-, el violador ya no elude la justicia al casarse con su víctima y la retirada de la denuncia no supone el cese del proceso judicial y la ejecución de la sentencia.

Sin embargo, las ONG advierten que estos avances se quedan en el papel en ausencia de un presupuesto y de la falta de voluntad política para su aplicación.

Queda pendiente la puesta en marcha de nuevos centros de acogida para víctimas, ya que sólo cuenta con una decena de ellos en todo el país, para una población de doce millones de habitantes.