No es que en Afganistán no existiera la pena de muerte bajo el Gobierno anterior. Sólo que, ahora que los talibán han vuelto al poder, las ejecuciones regresan a las plazas públicas y con la misma brutalidad con que horrorizaron al mundo hace más de dos décadas. Entre actuar comedidamente para no espantar a quienes se mueven tímidamente entre bambalinas para reconocerlos, y aterrorizar sin pudor a los suyos para dar ejemplo y recordar a los afganos quién manda ahora, los talibán están eligiendo, sin duda, la dos.
En Herat, hasta hace poco una de las urbes más liberales del país, los verdugos no hallaron mejor cadalso que una excavadora. De las palas de dos de ellas pendieron este martes, enfrente de un cuantioso público, los cuerpos de tres presuntos asaltantes que, de acuerdo con el vicedelegado del Gobierno Mawlawi Shir Ahmad Muhajir, habían tratado de penetrar en la propiedad de un individuo, en el distrito de Obe. Ni siquiera pudieron consumar su robo. Esta sí que fue justicia express.
La lección fue, de hecho, más para los curiosos que para los supuestos criminales, quienes no pudieron conocer su condena: cuando los colgaron ya estaban muertos. Los había abatido el dueño de la finca, en una nueva muestra de cómo, rápidamente, Afganistán se está convirtiendo en el salvaje oeste. La única diferencia, si acaso, es que aquí el cuatrero es la autoridad. Quien impone la mayor de las brutalidades se codea con la comunidad internacional que les dejó hacerse con el control del país.
Poco está importando al mundo que las niñas sigan sin poder ir a la escuela a partir de secundaria. Mira a otra parte y hace verdaderos malabares para creerse promesas talibán, de hace apenas unos días, como esa que aseguraba que usarían la persuasión antes que la dureza ante la comisión de crímenes. Uno de los suyos, el mulá Noruddin Turabi, nuevo encargado de prisiones, explicó tranquilamente la nueva normalidad afgana a la agencia AP: las amputaciones por robar, dijo "son necesarias para la seguridad".
Conforme a los criterios de