La Fiscalía de Costa Rica investiga una denuncia contra el Gobierno por una supuesta negociación con narcos para frenar los asesinatos

El Ministerio Público de Costa Rica inició este miércoles una causa penal que se suma a la lista de las nuevas realidades del contexto de seguridad del país centroamericano que hasta hace pocos años parecía exento de las dinámicas criminales latinoamericanas. La investigación apunta a la posibilidad de que el Gobierno hubiera negociado con grupos narcotraficantes una suerte de tregua en la escalada de asesinatos que ya convirtió el año 2023 en el más sangriento de la historia costarricense, aunque falta el trimestre que suele ser más violento aún.

La investigación penal se abrió sólo horas después de que el periódico El Universal de México publicara un artículo escrito en Costa Rica que menciona la posibilidad de contactos entre autoridades de Seguridad y representantes de grupos criminales ligados a carteles mexicanos, presuntamente en 2022. “Fueron realizados por personajes claves de las estructuras costarricenses de seguridad, algunos con funciones dentro del gobierno de Chaves y otros sin responsabilidades gubernamentales, pero con nexos en la criminalidad por su trabajo como abogados defensores en procesos de delincuencia organizada”, dice el artículo sin mencionar los nombres de esos emisarios, detalles de la supuesta negociación ni los nombres de las fuentes por razones de seguridad.

“Es absolutamente falsa, una patraña absurda”, reaccionó por la tarde el presidente Rodrigo Chaves. El Ministerio Público abriría la investigación penal antes de que acabara la jornada. El mandatario asegura que su Gobierno ha sido el más diligente contra las estructuras criminales a las que se atribuyen dos tercios de los homicidios. Las cifras no hablan bien de los resultados y quizás cumplan la paradoja de mostrar que tampoco se cuajaron los objetivos de las supuestas negociaciones: 2022 fue el año de más homicidios con un promedio nacional de 1,8 cada día, pero en 2023 son 2,6 en cada jornada, como nunca antes. Horas antes de la publicación cuatro hombres que iban en un auto murieron acribillados en Limón, la provincia caribeña donde la tasa de asesinatos casi triplica a la media nacional.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, que tomó funciones en mayo como un reconocimiento de parte de Rodrigo Chaves de la crisis que negaba en su discurso, también rechazó la posibilidad de negociaciones con criminales y más bien dijo que es “sospechoso” que esa denuncia se haya hecho en un diario de México, en aparente referencia a los antecedentes de colusión de autoridades y criminales en ciertas regiones. Zamora, quien ocupó el mismo cargo 10 años atrás en el gobierno de Laura Chinchilla y logró en aquel momento bajar la tasa de homicidios, apunta ahora contra la investigación y exige revelar las fuentes, además de proponer un careo con el periodista ante una comisión de diputados que pretende investigar también este caso.

Laura Chinchilla no dejó pasar el caso. “Es la más grave denuncia que haya visto. Costa Rica no se debe precipitar por la ruta de la gobernanza criminal como en otros países”, publicó en sus redes sociales sobre este nuevo capítulo en la serie de publicaciones internacionales que rompen la imagen de país tranquilo. Han señalado como factores las dinámicas internacionales de la droga, la posición geográfica de Costa Rica como trampolín hacia Estados Unidos y políticas criminales infructuosas, pero sobre todo las condiciones sociales y económicas que hace del narcotráfico un mundo tentador para miles de jóvenes en zonas rezagadas. “Hay una gran oferta de recurso humano para el crimen organizado”, ha dicho la exmandataria.

La preocupación es generalizada. Un 70% de la población dice que la seguridad ha empeorado en el último año y la violencia se sitúa como principal problema nacional para los costarricenses, según encuestas recientes del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica. La corrupción aparece en segundo lugar y en tercero, el desempleo, ambos factores para la expansión del crimen organizado que ahora también amenaza la economía, pues podría afectar la imagen del país donde la industria turística aporta más del 8% del PIB, como ha advertido el fiscal general, Carlo Díaz.

Por ello las autoridades de Seguridad, tanto del Gobierno como del Poder Judicial, piden aumentar los presupuestos para combatir el crimen, aún conscientes de que la clave es la prevención y mejorar el entorno social, como reconoce Zamora. Por el momento Rodrigo Chaves se ufana de haber tomado control del puerto del Caribe por donde salieron casi 10 toneladas de cocaína hacia Europa en el primer semestre de 2023, según cifras oficiales.

“Nadie ha combatido el narcotráfico como lo estamos haciendo nosotros”, ha dicho el presidente al advertir que las capturas también tienen efectos en los asesinatos, pues al sacar del mercado o de rutas de trasiego a un traficante se producen nuevas disputas entre otros líderes por ocupar ese espacio. Chaves culpa a administraciones anteriores y al Poder Judicial, aunque reconoce que la enfermedad es general: “en Costa Rica hay infiltración del narcotráfico en todos los niveles de la sociedad, porque le da ganancias enormes a gente que no tienen ningún escrúpulo y vemos las cosas horrorosas que vemos todos los días”.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.