El movimiento Justa Libertad pide la eliminación del delito de aborto en Ecuador

El movimiento Justa Libertad, conformado por organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos en Ecuador, ha pedido a la Corte Constitucional que despenalice el aborto, ya que considera que la existencia del delito en el código penal "genera graves afectaciones en materia de derechos humanos, de justicia social y de salud pública en la vida de las mujeres y personas gestantes" del país.

"El delito es ineficiente, genera injusticia social porque afecta principalmente a las mujeres más vulnerables y marginadas, y genera un grave problema de salud pública porque expone a las mujeres, niñas y personas gestantes a abortos inseguros", explica a Efeminista Ana Vera, directora ejecutiva de Surkuna y portavoz de Justa Libertad. En Ecuador, 54 niñas, adolescentes y mujeres son hospitalizadas cada día por causas relacionadas con abortos, según cifras del Ministerio de Salud.

"Además, la existencia de este delito nos impone a partir del derecho penal el mandato de la maternidad. Eso quiere decir que no podemos decidir ni siquiera sobre lo más íntimo en nuestras vidas que es nuestro cuerpo, que es nuestro plan de vida, y si queremos ser madres o no, sino que el derecho penal nos obliga a ser madres bajo la amenaza de una pena privativa de la libertad", agrega Vera.

Surkuna es una de las organizaciones que junto a Las Comadres, Alianza de Derechos Humanos, Amazon Frontlines, Bolena, CEPAM Guayaquil, Fundación Lunita Lunera y Sendas impulsan la acción de inconstitucionalidad que se presentó este 19 de marzo ante la Corte en Quito. En otras ciudades como Guayaquil, Cuenca, Machala, Esmeraldas, Tulcán y Lago Agrio, movimientos feministas también realizaron acciones simbólicas para manifestar su apoyo.

Lo que busca Justa Libertad es que la Corte de Ecuador declare la inconstitucionalidad del artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal que sanciona con entre seis meses y dos años de cárcel a la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo practique y de entre uno a tres años a la persona que le ayude a abortar con su consentimiento. Una petición similar a la que realizó el movimiento Causa Justa en Colombia y que permitió que la Corte de ese país despenalizara en 2022 el aborto hasta la semana 24.

"Nosotras consideramos que estamos listas para dar este paso. Este es el momento de defender la libertad. Es ahora, el país está listo para esto", agrega Vera.

Mujeres a favor de la despenalización del aborto se concentran afuera de la Corte Constitucional de Ecuador, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

El aborto en Ecuador

Con el pedido de Justa Libertad, Ecuador retoma la conversación sobre la despenalización del aborto que llegó a su punto más alto entre 2021 y 2022, después de que la misma Corte declarara la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del código penal, que solo permitía la interrupción del embarazo por violación a las víctimas que tenían discapacidad mental. Según el fallo de los jueces, el artículo discriminaba al resto de mujeres que no tenían esta discapacidad y que habían sido víctimas de violencia sexual.

Los magistrados ordenaron a la Defensoría del Pueblo que elabore un proyecto de ley para normar el acceso al procedimiento, el cual se aprobó en la Asamblea Nacional en febrero de 2022 con una serie de cambios al texto original. Un documento que el entonces presidente Guillermo Lasso volvió a modificar casi por completo para introducir temporalidades y requisitos que limitaban aún más el acceso.

Además de la causal violación, en Ecuador se puede acceder a un aborto si el procedimiento se realiza para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada.

Sin embargo, dice Ana Vera, las causales nunca fueron suficientes, pues las mujeres se enfrentan a múltiples obstáculos para poder abortar bajo los parámetros legales. "Hemos constatado durante todos estos años que el acceso a un aborto dentro de estas causales es casi imposible justamente porque la existencia del delito de aborto genera barreras muy fuertes alrededor del acceso, incluso en estos casos donde la vida, la salud y la integridad de las mujeres están en riesgo", señala.

"La existencia del delito genera que el sistema de salud sea un espacio hostil para las mujeres, donde hay mucho estigma y juzgamiento, donde existen barreras institucionales en los servicios de salud, barreras personales de los profesionales, maltrato, violencia y criminalización", afirma Vera.

Según un estudio de Human Rights Watch, el 73 % de los procesos judiciales por aborto inició después de que un profesional de la salud denunciara a una paciente a la policía, violando el deber de confidencialidad de los profesionales médicos. En los últimos 10 años, 493 personas fueron criminalizadas por el delito de aborto consentido en Ecuador, de las cuales el 61% eran mujeres, de acuerdo con cifras de la Fiscalía.

"Hemos podido constatar en este tiempo que a pesar de que tenemos estas dos causales, a pesar de que tenemos una ley de aborto por violación, las barreras ganan. El Ministerio de Salud reporta que entre 2021 y 2023 solamente 93 mujeres han accedido a procesos legales de aborto y eso es sumamente grave porque Ecuador tiene aproximadamente 15.000 complicaciones derivadas del aborto al año. Esto quiere decir que menos del 1 o 2 % de las mujeres está accediendo a las causales legales y esto tiene que ver con que la mayor barrera de acceso es la existencia del delito de aborto en el código penal", menciona.

Una joven sostiene un cartel de protesta durante una concentración de mujeres a favor del derecho al aborto este 19 de marzo, frente a la Corte Constitucional de Ecuador, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Un pedido "urgente" del movimiento Justa Libertad

El movimiento Justa Libertad afirma que el pedido es urgente y cree que es el momento político adecuado para que la Corte Constitucional se pronuncie y tome "una decisión histórica para garantizar los derechos humanos" de las mujeres y personas gestantes en Ecuador.

"De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada hora siete mujeres buscan acceder a un aborto y estas siete mujeres podrían estar expuestas a un procedimiento inseguro por la existencia de este delito penal", detalla Vera.

Además, dice que no tienen dudas de que la opinión pública apoyará este pedido. "Contamos con estadísticas del 2021 que nos dicen que 8 de cada 10 personas en nuestro país están en contra de que las mujeres sean criminalizadas por abortar. Nosotras también estamos en contra de esto y por eso lo que buscamos es la eliminación del delito de aborto", agrega.

Con respecto al tiempo que los magistrados pueden tomarse en analizar y decidir sobre este pedido, Vera dice que Justa Libertad está solicitando "un salto cronológico". "Esto quiere decir que lo que le estamos pidiendo la Corte es que priorice esta causa", señala.

"Vimos recientemente que la Corte se tomó cuatro, cinco meses para definir sobre la causa de la eutanasia y esperamos que en este caso sea mucho más célere, que entienda realmente lo que está en juego cuando existe este delito, que pueda darle prioridad a todas las historias de las mujeres, niñas y personas gestantes que debido a la existencia del delito de aborto han tenido que vivir experiencias muy graves de inseguridad en la búsqueda de sus procesos de aborto o que han sido forzadas de la maternidad", explica la portavoz.

Una decisión que, de ser positiva, estaría alineada con las recomendaciones que Comités de Naciones Unidas y la misma Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer le han hecho al país acerca del aborto desde hace casi 10 años y que Ecuador se ha comprometido a cumplir.

Las integrantes de Justa Libertad consideran que el aborto no debe regularse en el código penal, sino que debe reconocerse como un servicio esencial de salud para que todas las personas puedan tener acceso, por lo que debe normarse por medio del Ministerio de Salud.

"Creemos que esta es una demanda justa y que está dentro de un marco democrático porque eliminar el delito de aborto no va a obligar a ninguna persona a abortar, lo que va a hacer es que quienes decidamos hacerlo lo podamos hacer en unas condiciones dignas, justas, seguras, garantizando el ejercicio de una ciudadanía plena, en el marco de la justicia social y de un país que garantiza la dignidad para todas las personas", concluye.